Antes de iniciar consideramos prudente conceptualizar que es un beneficiario final, entendiéndose este como la persona natural que posee, controla o se beneficia de una determinada persona o estructura jurídica.
Panamá o Pandora Papers han demostrado en numerosas ocasiones que, si un sujeto quiere ocultar su situación financiera a las autoridades, una de las principales formas para hacerlo es ocultándose detrás de una o varias estructuras jurídicas, generando opacidad y lograr así el lavado de activos, esconder potenciales conflictos de interés, o eludir obligaciones tributarias, es por ello que cada vez cobra más fuerza la importancia de identificar a los beneficiarios finales.
Sin embargo, cuando queremos identificar a los beneficiarios finales es imperante hablar de transparencia, conocer y entender la cadena de titularidad y control que vincula a una persona natural con un determinado activo o flujo financiero.
En las últimas décadas, la importancia de registrar información sobre beneficiarios finales con autoridades gubernamentales ganó relevancia para organismos internacionales, vinculados a temas como el lavado de activos, la transparencia fiscal, y la transparencia en el sector extractivo.
El GAFI ha detectado muchas dificultades en la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales, es por ello que en marzo de 2022, reformó la Recomendación 24 sobre transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas, requiriendo la implementación del llamado enfoque múltiple. El enfoque múltiple incluye que “los países también deben exigir que la información de beneficiarios finales esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como registro de beneficiarios finales o pueden utilizar un mecanismo alternativo si dicho mecanismo también proporciona un acceso eficiente a información de beneficiarios finales adecuada, precisa y actualizada por parte de las autoridades competentes”.
¿Por qué (y para qué) es importante contar con registros de beneficiarios finales en América Latina?
La creación de registros de beneficiarios finales busca disminuir los flujos financieros ilícitos, teniendo relevancia a nivel regional e internacional; la existencia de registros centralizados de beneficiarios finales, ayuda a disuadir el abuso de entidades y estructuras jurídicas, y combatir el lavado de activos.
La transparencia de informaciones sobre beneficiarios finales también cumple un papel fundamental para asegurar la integridad de los mercados.
Evolución hacia los registros de beneficiarios finales
Para el análisis hemos utilizado los datos del Índice de Secreto Financiero, con la finalidad de presentar un panorama general de América Latina, referido a los registros de beneficiarios finales.
El Índice de Secreto Financiero clasifica a las jurisdicciones que más favorecen que las personas ocultan sus finanzas al Estado de derecho.
En el Índice de Secreto Financiero, correspondiente a la edición de 2022, se evaluaron 16 jurisdicciones latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo con un análisis del Índice de Secreto Financiero, las jurisdicciones en las regiones que actualmente requieren que la información sobre beneficiarios reales sea registrada ante las autoridades son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay.
Autoridades competentes del registro de beneficiarios finales
No existe uniformidad en cuanto a la autoridad gubernamental dedicada a manejar los registros de beneficiarios finales, en algunos países prefieren al registro mercantil, mientras que en otros elijen otras autoridades como: administración tributaria, banco central o unidad de inteligencia financiera, entre otras.
Sin embargo, para asegurar el acceso a la información y garantizar la consistencia del marco legal, lo ideal sería establecer un registro centralizado para todo el país que reciba la información de todas las personas jurídicas que operan en la jurisdicción y para ambos niveles de propiedad: titularidad directa y beneficiarios finales.
Incluso en países donde no existe un marco legal para garantizar que el público en general tenga acceso a la información sobre beneficiarios finales, existe una tendencia hacia el acceso público parcial. Algunos de los países que han recibido fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han comprometido a publicar información sobre beneficiarios reales para empresas con contratos públicos de comercio en medio de la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, según los datos del Índice de Secreto Financiero, actualmente Ecuador es el único país de la región que permite acceder a la información de beneficiarios finales, a través de la “Superintendencia de compañías, valores y seguros”.
El panorama del alcance de los registros de beneficiarios finales en la región es bastante positivo. Solo Panamá, parece tener leyes de beneficiarios finales que alcanzan apenas a las personas jurídicas, y no a los fideicomisos.
Algunos de los países de la región son ejemplos de buenas prácticas al referirse al alcance de registro de beneficiarios finales. En muchos países, los registros eximen a las empresas que cotizan en la bolsa y a los fondos de inversión de registrar información sobre los beneficiarios finales.
Además, en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, el registro de beneficiarios finales requiere que al menos algunos fondos de inversión registren sus beneficiarios finales.
Condiciones que desencadenan el registro de beneficiarios finales
Idealmente, los países deberían exigir que todas las personas y estructuras jurídicas registren a sus beneficiarios finales siempre que tengan una conexión con la jurisdicción: ya sea (i) que estén constituidos localmente o creados de acuerdo con las leyes locales, (ii) que tengan activos u operaciones en el país, o (iii) que tengan un participante residente en el país.
El único país de la región cuya definición incorpora los tres elementos es Colombia.
Umbrales en la definición de beneficiarios finales
La adopción de umbrales muy altos puede reducir la eficacia de los registros de beneficiarios reales.
En aras de la simplicidad, este informe solo considera los casos en los que se determinan umbrales para los derechos de propiedad, los derechos de voto, los derechos a los beneficios o el derecho a nombrar o remover a los miembros de la junta. El cuadro a continuación muestra cuántas jurisdicciones aceptan cada umbral de registro del 0% al 25% para el registro de propiedad.
Efectividad de los marcos legales de beneficiarios finales
Establecer un registro de beneficiarios finales es uno de los primeros pasos, pero para que dichos registros sean efectivos y adecuados para atender a las necesidades de las distintas partes interesadas, los países también deben prestar atención a otros elementos, como las acciones al portador – un instrumento en papel que otorga propiedad a quien sea que detente el instrumento en su poder - siguen representando un importante riesgo a la transparencia.
Mientras estas jurisdicciones no regulen de forma efectiva las acciones al portador, estarán creando riesgos de opacidad que pueden frustrar cualquier esfuerzo de transparencia de las sociedades mercantiles, ya que imposibilitan garantizar que la información sobre beneficiarios finales sea conocida o actualizada.
No es suficiente garantizar el registro y la transparencia de los beneficiarios finales, incluso hay países que están a la vanguardia de la transparencia de beneficiarios finales, pero los marcos para registrar a los propietarios legales aún son deficientes o incompletos.
