EE. UU. trabaja en un proyecto de ley para reforzar las defensas contra el lavado de dinero

El proyecto de ley para reforzar las defensas contra el lavado de dinero (ALD) de EE.UU. cuenta con una gran cantidad de mejoras, específicamente para beneficio de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN), que incluyen:

  • Internacionalizar: expandir el propósito de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) para “proteger nuestra seguridad nacional y colectiva” y “salvaguardar la integridad del sistema financiero internacional”. La medida permitiría a FinCEN pagar más a los empleados y reguladores federales.
  • Compartir: la iniciativa permitiría a las instituciones financieras compartir reportes de operaciones sospechosas (ROS) con sus filiales extranjeras y establecería una lista de puntos de contacto de las agencias de ley para las instituciones financieras, de modo que puedan cumplir más fácilmente con sus obligaciones de información.
  • Innovar: la legislación, si se promulga, sellará una declaración conjunta relacionada con la innovación emitida por FinCEN y sus reguladores en diciembre de 2018, para brindar al sector privado mayor certeza sobre el enfoque de los reguladores en la adopción de tecnología y reforzar la importancia de las inversiones en mejoras tecnológicas, capacitación asociada, y personal.

La audiencia es una mirada al futuro del ámbito ALD, y la continuación de una tendencia global a evitar promulgar leyes –para tener más obligaciones legales y casillas para marca—y enfocarse más en la efectividad: hacer cosas que harán más que mantener a los reguladores ocupados, y que buscarán detener a los delincuentes y confiscar activos.

Los temas clave del centro de audiencias sobre qué se puede hacer rápidamente para realizar mejoras, cómo aprovechar las tecnologías disponibles y centrarlas para apoyar estrategias de aplicación de ley y la seguridad nacional, en lugar de “utilizar la tecnología para gestionar la gestión de la gestión de riesgos regulatoria”, según un experto en cumplimiento financiero

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